¡No seamos “cómplices inadvertidos”! | EL PAÍS América Colombia

Ahora se afirma que la Operación Orión, según el expresidente Uribe, fue un rotundo éxito de la "seguridad democrática" y que logró restablecer el orden y el Estado de derecho en la comuna 13 de Medellín. Esto, sin duda, se convierte en la burla más cínica y cruel que se le puede relatar a los familiares de las víctimas y a toda Colombia.

Es inadmisible que ahora Uribe pretenda justificar y legitimar de esa manera lo que, sin duda, fue una operación típica de terrorismo estatal, según su propia definición en el punto 33 del “Manifiesto Democrático”[1], su programa de gobierno del 2002-2006: “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Exactamente es lo que acaba de reconocer y corroborar en su comunicado, al defender el éxito de la criminal Operación Orión [2]: “El objetivo era retomar por completo el control de una zona de Medellín que se encontraba bajo el control de grupos ilegales. Las autoridades decomisaron armas, municiones, equipos de comunicación. Capturaron a 23 cabecillas y a 243 integrantes de las organizaciones criminales”. Pero omite reconocer que dicha operación la realizó la Fuerza Pública de la mano con integrantes de los grupos paramilitares, según testimonio del propio Don Berna [3] y que la Fuerza Pública disparó desde helicópteros contra la población civil, causando aproximadamente 17 bajas [4] y un número aproximado de 92 desaparecidos, cuyo destino final parece haber sido la Escombrera.

Orión fue, pues, una operación propia de terrorismo estatal, que desconoció brutal y deliberadamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, empezando por el principio de distinción entre población civil y combatientes. Convirtió una comunidad popular de Medellín en un infernal Palacio de Justicia, supuestamente para retomar el “control total” por parte del Estado. Y ahora no solo se ufana de semejante “operación”, sino que pretende sepultarla en la escombrera de la politiquería de las campañas electorales en curso, afirmando que: “Nunca apoyamos la impunidad. Pero la JEP y el Gobierno Petro-Santista lo que hacen es política con las víctimas de la Escombrera”.